Continuamente escuchamos a vecinos que expresan su malestar con las limitaciones que encuentran en nuestra ciudad. Una acera impracticable, un pavimento deteriorado que puede provocar una caída, un escalón que impide entrar, una parada de autobús difícil de utilizar o un equipamiento que no permite moverse con autonomía.
Quizá para quien no se encuentra con estas situaciones sean pequeños inconvenientes. Para una persona con discapacidad, una persona mayor o alguien con problemas de movilidad, pueden significar algo mucho más importante: depender de otra persona para hacer aquello que debería poder hacer por sí misma.
Y no todas las barreras se ven. Una persona ciega necesita desplazarse con seguridad; una persona sorda, acceder a la información y comunicarse; alguien con discapacidad intelectual o dificultades cognitivas, comprender una señal, una indicación o un trámite. También hay familias que necesitan espacios y actividades en los que sus hijos puedan participar plenamente. Por eso, cuando hablamos de una ciudad inclusiva, no podemos limitarlo todo a una rampa o a una plaza de aparcamiento adaptada. Hablamos de que cualquier persona pueda estudiar, trabajar, desplazarse, comprar, practicar deporte, disfrutar de la cultura o simplemente pasear y relacionarse con los demás sin que las características de su entorno se conviertan en una barrera.
¿Es Sant Cugat hoy una ciudad plenamente inclusiva y adaptada? Creo que debemos reconocer que todavía no. Se ha avanzado, y sería injusto no reconocer el trabajo de las entidades, profesionales, personas con discapacidad y familias que llevan años reclamando mejoras y aportando soluciones. Pero precisamente porque conocemos las necesidades, ya no basta con diagnosticar: hay que actuar. No podemos acostumbrarnos a que determinadas barreras formen parte del paisaje urbano ni asumir como normal que alguien tenga que buscar otro recorrido, pedir ayuda para entrar en un espacio o renunciar a una actividad porque aquello que debería ser accesible no lo es.
La accesibilidad debe estar presente desde el principio en la forma de diseñar nuestra ciudad. Cuando se reforma una calle, se construye un equipamiento, se organiza una actividad o se desarrolla un servicio municipal, debemos pensar en todas las personas. Y para hacerlo bien hay que escuchar a quienes viven estas situaciones. Las personas con discapacidad, las personas mayores y sus familias deben participar en el diseño y la evaluación de las políticas que les afectan, porque nadie conoce mejor una barrera que quien se encuentra con ella cada día.
También debemos hablar de prioridades. Los recursos públicos son limitados y gobernar significa decidir dónde invertir. Mantener nuestras calles, aceras y calzadas en condiciones adecuadas, eliminar barreras, adaptar espacios públicos, garantizar itinerarios seguros y hacer accesibles los servicios municipales no puede quedar siempre detrás de otras actuaciones. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor en aquello que realmente cambia la vida de las personas. Una ciudad que elimina barreras para quienes más las necesitan acaba siendo una ciudad más segura, accesible y justa para todos.
Sant Cugat tiene recursos, capacidad y una sociedad comprometida para avanzar mucho más. Necesitamos más rapidez, más coordinación y, sobre todo, más ejecución. Porque detrás de una barrera no hay una estadística: hay una persona cuya libertad y autonomía estamos condicionando. Y detrás de cada barrera que eliminamos hay justamente lo contrario: más oportunidades, más independencia y una vida más plena.
El compromiso del Partido Popular es hacer de Sant Cugat una ciudad verdaderamente inclusiva y adaptada, en la que todas las personas puedan vivir, desplazarse y participar en igualdad de condiciones, con autonomía, seguridad y dignidad. Porque una ciudad que aspira a ser referente no puede conformarse con que algunas personas puedan desenvolverse en ella con normalidad y otras tengan que superar obstáculos cada día. Hacer de Sant Cugat una ciudad para todos no es una concesión ni un gesto de buena voluntad. Es una obligación de la administración y, sobre todo, una cuestión de derechos, de dignidad y de respeto.
