Hay lugares donde la libertad de pensamiento debería ser sagrada. Donde las ideas, por incómodas que resulten, tendrían que poder expresarse sin miedo al señalamiento, al insulto o a la censura.
Las universidades nacieron para eso: para debatir, para confrontar ideas. Sin embargo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en otras muchas universidades españolas, esa libertad no existe. Lo que debería ser un espacio para el pensamiento crítico, se ha convertido en un territorio vigilado, donde solo se permite una forma de pensar: la oficial.
Durante años, la UAB ha presumido de pluralidad y tolerancia. De hecho, el lema que tienen para el curso 2025/2026 es “Unidiversitat”. Irónico cuanto menos. Paseando por el campus puedes ver graffitis de “Mai ens faran espanyols”, banderas esteladas y palestinas, porque Ucrania ya no está de moda. Todo está permitido, siempre que encaje con el discurso dominante. Pero si un estudiante decide mostrarse orgulloso de ser español o simplemente discrepa del relato de independentistas, pasa automáticamente a ser señalado. Llevar una bandera de España o cuestionar el posicionamiento en guerras internacionales se ha convertido en un acto de valentía.
Lo ocurrido la semana pasada con Vito Quiles ha acabado por reafirmar la sociedad tan polarizada en la que vivimos. Unos acudieron para defender a la universidad de un agitador de extrema derecha, tal y como lo califican la mayoría de medios de comunicación. Otros intentaron poder escuchar a una persona influyente que tenía un discurso jamás dado en la UAB: el de la unidad de España. Presenciar la plaza Cívica dividida en dos, fue una representación moderna de los bandos de la Guerra Civil. Veías a compañeros de clase con los que siempre te habías llevado bien llamándote fascista e intentando tirarte huevos. No vamos a entrar en valorar si es consecuente que sean los ecologistas los que desperdicien comida, pero que esta charla haya roto la armonía de muchos estudiantes, refleja lo condenados que estamos como sociedad.
La universidad, lejos de defender la libertad de expresión, denunció el acto y se puso del lado de los intolerantes. Los “antifascistas” son los que deciden quién puede hablar y quién no. Determinan qué símbolos son válidos y cuáles son “provocadores”. Se autoproclaman defensores de la democracia, pero actúan como su mayor enemigo. Nadie se atreve a contradecirlos, porque hacerlo significa exponerse al linchamiento público o, peor aún, a la marginación académica.
Paradójicamente, estos mismos que expulsan a un periodista por pensar distinto organizan manifestaciones por colectivos que justifican la violencia, invitan a dirigentes de partidos secesionistas o promueven campañas de boicot por razones ideológicas. Todo eso, dentro del campus, con el beneplácito de los mismos que después hablan de “tolerancia” y “diversidad”. Una diversidad que, curiosamente, excluye a más de la mitad del país. Porque sí, en la UAB hay independentistas, comunistas y anarquistas. Pero también hay personas de países de todo el mundo, incluida España.
No se trata de un hecho aislado, sino de un clima generalizado en el que discrepar se ha vuelto peligroso. Profesores que moderan sus palabras para no ser señalados, asociaciones que no pueden registrarse porque no comulgan con la ideología de la dirección del campus, estudiantes que ocultan su opinión política o su bandera para no ser insultados. ¿Esa es la libertad universitaria que prometían?
La palabra libertad se ha convertido en un eslogan vacío, una bandera que solo ondean cuando les conviene. Si eres independentista, feminista radical o activista de causas afines, eres bienvenido. Si no, eres un enemigo. La libertad, en la Autónoma, depende de lo que pienses.
Lo más grave es que esta censura no solo limita a quienes hoy estudian en la universidad, sino que condiciona el futuro intelectual de toda una generación. Los jóvenes aprenden que hay temas de los que no se puede hablar, palabras que no se pueden pronunciar y opiniones que no se pueden defender. Aprenden que pensar por cuenta propia tiene consecuencias. Y así se construye una sociedad dócil, callada y conformista.
España no puede permitirse universidades donde la pluralidad sea un delito. Las instituciones públicas deben garantizar que cualquier ciudadano —sea de la ideología que sea— pueda expresarse sin miedo. Si un campus universitario se convierte en un espacio de adoctrinamiento, deja de ser una universidad para convertirse en un templo ideológico.
Porque sin libertad, no hay conocimiento. Sin debate, no hay progreso. Y sin respeto a la pluralidad, no hay democracia. Cuando unos gritan “fuera fascistas” para justificar la censura, habría que recordarles que el fascismo no lo trae quien habla, sino quien calla a los demás. Y así, en nombre de la “diversidad”, la UAB y otras universidades se han convertido en el lugar donde solo una voz puede hablar. Todo lo demás, simplemente, se prohíbe.
Andrea Povea Suasnabar és membre de Nuevas Generaciones del PP de Sant Cugat
